domingo, 18 de julio de 2010

Editorial del Diario La Nación de Argentina

La política del miedo y la mentira
Los que luchan por preservar los valores republicanos amenazados deberán unirse y denunciar todo atropello autoritario


El doble discurso y el falseamiento de las estadísticas han estado con frecuencia entre las herramientas predilectas del gobierno kirchnerista para captar adhesiones y sumar poder.

Abundan los ejemplos de estas prácticas a lo largo de los últimos años. Alguna vez, por ejemplo, la presidenta Cristina Kirchner, al justificar su reforma previsional, insistió en que se buscaba "proteger" a los aportantes a las AFJP de los malos manejos de sus fondos jubilatorios por éstas. Ocultó, entonces, que el Estado obligaba a las administradoras a que tuvieran en sus carteras títulos públicos ajustables por una variable, como el costo de vida, manipulada hacia abajo por ese auténtico instituto nacional de la mentira en que se transformó el Indec.

Es difícil creer una sola palabra de nuestros gobernantes cuando el descaro para adulterar las estadísticas oficiales del país es tan evidente y es, al mismo tiempo, legitimado desde lo más alto del poder político.

El colmo se produjo pocos días atrás, cuando se descubrió que en el organismo nacional de estadísticas se habían borrado las subas salariales producidas en el sector privado formal durante la presidencia de Eduardo Duhalde, aparentemente para simular mayores logros de su sucesor, Néstor Kirchner.

Quienes hoy conducen los destinos del país desde la Casa Rosada han hablado a menudo de la importancia del federalismo, pero pocas veces se asistió a una tan grande concentración de recursos en manos del gobierno nacional que no se coparticipan con las provincias. También han hecho de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad una bandera, pero se preocuparon por dejar fuera de cualquier revisión de nuestro pasado trágico los delitos de lesa humanidad contra la población, que llevaron a cabo guerrilleros que hoy gozan del apoyo oficial.

Las flagrantes mentiras acerca de los fondos de Santa Cruz y las vinculadas con otros sonados casos de corrupción, como el de las valijas venezolanas, son lo suficientemente graves como para desacreditar a un gobernante.

Sin embargo, entre los ejemplos de dobles discursos como instrumento central en el proceso de acumulación de poder, hay uno que depara las mayores desilusiones y los peores efectos para el objetivo de constituir la unión nacional que predica el Preámbulo de nuestra Constitución. Es la aparente vocación que el matrimonio presidencial dice sentir por el diálogo y la discusión de ideas, tal vez una de las mayores muestras de hipocresía política de las que hayamos sido testigos en los últimos tiempos.

El diálogo y la discusión de ideas jamás pueden darse en un gobierno que ha considerado al principio de división de poderes como un obstáculo burocrático para la tarea de gobernar, y que nunca ha demostrado capacidad para la búsqueda de consensos y la formación de políticas de Estado.

Frente al veredicto de las urnas registrado el 28 de junio de 2009, en el que la mayoría de los ciudadanos rechazó un estilo signado por la crispación y reclamó un reencuentro de los argentinos, los Kirchner no sólo desoyeron ese pronunciamiento popular, sino que reafirmaron sus peores vicios con la insólita argumentación de que la gente votó a favor de "la profundización del modelo".

Lo cierto es que, después de la lección de las urnas y de las tristes enseñanzas que dejó el prolongado conflicto entre el Gobierno y el campo, la pareja gobernante profundizó lo peor del modelo.

El abuso de poder y la provocación fueron una constante desde entonces. Apartarse del discurso único del oficialismo pasó a ser "destituyente". La fundada sospecha de que los teléfonos y los e-mails de muchos puedan ser intervenidos desde el poder central pasó a ser habitual, como lo admitió el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández. La presunción de que la información sobre cada ciudadano medianamente influyente que cuestiona las políticas gubernamentales pasó a engrosar carpetas que los organismos de inteligencia oficiales tienen listas para usar como una forma de presión es mucho más que una sensación.

El afán intervencionista en la economía dio lugar a toda clase de arbitrariedades por parte de organismos de regulación y control, de presiones y hasta de amenazas personales contra hombres de empresa, que en ciertos casos se caracterizaron por la prepotencia y hasta el patoterismo. Las presiones económicas desde el Poder Ejecutivo Nacional a gobernadores de provincias para que se alinearan políticamente, las amenazas a jueces desde el Consejo de la Magistratura, el envío de patrulleros a la casa de una jueza que incomodó al Gobierno, y el sometimiento a periodistas y medios de comunicación no complacientes con el oficialismo al escarnio público estuvieron a la orden del día.

Frente a la estrategia oficial de seguir construyendo poder mediante el engaño y el miedo, será fundamental que quienes se hallan empeñados en luchar por la preservación de los valores republicanos hoy amenazados se unan y no duden en denunciar con coraje cívico todo atropello autoritario.

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