En medio de la guerra que libra el Gobierno contra el campo, resulta sorprendente y contradictoria su decisión de crear un ministerio de Agricultura a partir de la secretaría del mismo nombre. Sorprendente y contradictoria porque, por un lado, se satisface una vieja aspiración del agro en general, que se ha expresado durante décadas en presentaciones y petitorios de la más diversa índole acerca de la necesidad de contar con ministerio. Pero, por otro lado, la larga y grave serie de medidas que adoptó el kirchnerismo en perjuicio del campo -que es lo mismo que decir en contra del país- no permite, por ahora, un margen de optimismo acerca de los resultados prácticos de la nueva cartera, que desde ayer ocupa Julián Domínguez, en lo referente a medidas que beneficien la agricultura.
El nacimiento de la rama de la administración nacional destinada a entender en lo relativo a la producción rural se remonta a 1898, al comenzar la segunda presidencia de Julio Roca. Su propósito consistía en incorporar a la producción extensas áreas del territorio nacional abiertas al trabajo fecundo, con posterioridad a la Campaña del Desierto.
La ganadería había introducido el alambrado para acotar el desplazamiento de los animales, los molinos de viento para que abrevaran y la importación de reproductores para mejorar la calidad necesaria para abastecer las nacientes industrias de exportación. Los cereales comenzaban su impetuosa carrera hacia un crecimiento que luego permitió calificar al país de granero del mundo.
La condición ministerial duró hasta 1958, al disponerse que dependiera del Ministerio de Economía y Trabajo, cartera que integraron las secretarías de Agricultura, de Industria y Minería, de Comercio y otras. Volvió la secretaría a ser ministerio en 1971, pero por sólo dos años, hasta que en 1981, y por un año, retornó al rango ministerial. Desde entonces, ha permanecido como secretaría, ahora denominada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, añadido que tiene la finalidad de dotarla de funciones agroindustriales.
Viene al caso, entonces, destacar que la jerarquía ministerial a partir de su creación duró 60 años, que coincidieron con la estabilidad institucional del país. De allí en más, se sucedieron los cinco cambios mencionados, a los que se agregó una aún mayor inestabilidad a principios de la presente década, cuando se sucedieron ocho secretarios de Agricultura en sólo cuatro años.
En la mayor parte de los países, la administración agrícola es ejercida por un ministerio. Así ocurre en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y casi todos los de América. También en Europa sucede otro tanto, como en Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y España, al igual que en Asia y Africa. Se logra, así, que los responsables de esa cartera tengan acceso a los más altos niveles de decisión para poder proponer y obtener las decisiones indispensables para expandir y mejorar la producción de alimentos y las condiciones generales del desarrollo rural.
Este rango ministerial se pone también de manifiesto en las negociaciones internacionales en las cuales se debaten las reglas del comercio agrícola y su conveniente liberalización. Nuestros secretarios de Agricultura se han visto a menudo privados de participar en foros del más alto nivel.
Pero un simple cambio en el organigrama no significa necesariamente cambios de políticas para el agro que resultan indispensables.
La mayor jerarquía que se adjudica ahora a la administración agraria tendría beneficios en la medida en que ocurriera en el marco de una transformación sustancial de las reglas de juego aplicables a esta trascendente actividad productiva. De lo contrario, sólo serviría para tratar de difundir la creencia, tan errónea como infundada, de que el Gobierno otorga al agro las máximas prioridades en sus decisiones, cuando la realidad de los hechos muestra todo lo contrario.
Véase, por ejemplo, lo ocurrido con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), cuyas funciones han vaciado de contenido a la cartera de Agricultura, con el resultado de más burocracia y, según hoy se investiga, más corrupción.
La creación del ministerio es, en sí, una decisión acertada, pero sólo se trata de un primer paso. Disponer de un ministro en vez de un secretario nada significa en un gobierno en el que, como es bien sabido, los ministros pesan poco y nada, y las principales decisiones las adopta el ex presidente Néstor Kirchner.
Sólo la aparición de un cambio medular en las políticas oficiales hacia el sector indicará si, por primera vez en mucho tiempo, cabe el optimismo.
El nacimiento de la rama de la administración nacional destinada a entender en lo relativo a la producción rural se remonta a 1898, al comenzar la segunda presidencia de Julio Roca. Su propósito consistía en incorporar a la producción extensas áreas del territorio nacional abiertas al trabajo fecundo, con posterioridad a la Campaña del Desierto.
La ganadería había introducido el alambrado para acotar el desplazamiento de los animales, los molinos de viento para que abrevaran y la importación de reproductores para mejorar la calidad necesaria para abastecer las nacientes industrias de exportación. Los cereales comenzaban su impetuosa carrera hacia un crecimiento que luego permitió calificar al país de granero del mundo.
La condición ministerial duró hasta 1958, al disponerse que dependiera del Ministerio de Economía y Trabajo, cartera que integraron las secretarías de Agricultura, de Industria y Minería, de Comercio y otras. Volvió la secretaría a ser ministerio en 1971, pero por sólo dos años, hasta que en 1981, y por un año, retornó al rango ministerial. Desde entonces, ha permanecido como secretaría, ahora denominada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, añadido que tiene la finalidad de dotarla de funciones agroindustriales.
Viene al caso, entonces, destacar que la jerarquía ministerial a partir de su creación duró 60 años, que coincidieron con la estabilidad institucional del país. De allí en más, se sucedieron los cinco cambios mencionados, a los que se agregó una aún mayor inestabilidad a principios de la presente década, cuando se sucedieron ocho secretarios de Agricultura en sólo cuatro años.
En la mayor parte de los países, la administración agrícola es ejercida por un ministerio. Así ocurre en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y casi todos los de América. También en Europa sucede otro tanto, como en Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y España, al igual que en Asia y Africa. Se logra, así, que los responsables de esa cartera tengan acceso a los más altos niveles de decisión para poder proponer y obtener las decisiones indispensables para expandir y mejorar la producción de alimentos y las condiciones generales del desarrollo rural.
Este rango ministerial se pone también de manifiesto en las negociaciones internacionales en las cuales se debaten las reglas del comercio agrícola y su conveniente liberalización. Nuestros secretarios de Agricultura se han visto a menudo privados de participar en foros del más alto nivel.
Pero un simple cambio en el organigrama no significa necesariamente cambios de políticas para el agro que resultan indispensables.
La mayor jerarquía que se adjudica ahora a la administración agraria tendría beneficios en la medida en que ocurriera en el marco de una transformación sustancial de las reglas de juego aplicables a esta trascendente actividad productiva. De lo contrario, sólo serviría para tratar de difundir la creencia, tan errónea como infundada, de que el Gobierno otorga al agro las máximas prioridades en sus decisiones, cuando la realidad de los hechos muestra todo lo contrario.
Véase, por ejemplo, lo ocurrido con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), cuyas funciones han vaciado de contenido a la cartera de Agricultura, con el resultado de más burocracia y, según hoy se investiga, más corrupción.
La creación del ministerio es, en sí, una decisión acertada, pero sólo se trata de un primer paso. Disponer de un ministro en vez de un secretario nada significa en un gobierno en el que, como es bien sabido, los ministros pesan poco y nada, y las principales decisiones las adopta el ex presidente Néstor Kirchner.
Sólo la aparición de un cambio medular en las políticas oficiales hacia el sector indicará si, por primera vez en mucho tiempo, cabe el optimismo.
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